28 sept. 2016

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Hilario Barcelata Chávez

Inoportuna, infundada y tardía es la carta que la rectora de la Universidad Veracruzana envió al Presidente de la República, solicitándole que intervenga para que el gobierno del estado le pague la enorme deuda.
En su carta, la Rectora le requiere al Presidente tres cosas:
1.Su intervención para que “no se consuma el latrocinio anunciado…”
2.Que “…no permita que se consuma esta infamia, esta afrenta destructiva…”
3.“…se le retenga al gobierno recursos que comprobadamente desvió y se le entreguen a la UV…”
Quien redacta la carta (que no siempre es quien la firma) parece ignorar aspectos legales que la invalidan, o tal vez decidió pasarlos por alto deliberadamente. Veamos:
a) Ni el “latrocinio anunciado” ni la “afrenta destructiva” podrán consumarse, por más que Javier Duarte se haya empeñado, y por más que ya no sea gobernador. La deuda no caduca por el cambio de gobierno, porque la obligación de pago no es personal sino institucional, exigible al gobierno que termina o al próximo que llega. Por su naturaleza jurídica es imposible cancelar esta deuda sin haberla pagado. Suponer que el “latrocinio se consuma” porque el gobierno de Duarte termina, no tiene fundamento legal puesto que el próximo gobierno está obligado a pagar.
b) La Rectora solícita al Presidente que se le retengan al gobierno sus recursos y se le entreguen a la UV, pero eso no es posible porque la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 9º que las Participaciones Federales (único fondo que se le podría retener al gobierno estatal para pagarle a la UV) “…son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención…”, salvo cuando haya sido comprometidas como garantía de fuente de pago de deuda pública. Es decir, la petición de la Rectoría está infundada legalmente y por ello no tiene posibilidades de ser escuchada y mucho menos atendida por el Presidente de México, quien de actuar del modo en que se le solicita, ordenando a la SHCP que retenga esos recursos, provocaría que el gobierno del estado interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganaría muy fácilmente.
Los universitarios hubiéramos preferido esta carta en un contexto diferente. Justo después de las marchas de febrero y marzo. Justo en pleno proceso electoral. Justo cuando el gobierno del estado estaba preocupado por la amenaza que le representaba la movilización universitaria. Justo en ese momento se requería de una acción firme y decidida de parte de las autoridades universitarias para presionar al gobierno de Duarte que ya estaba contra la pared, que ya se sentía acorralado, porque las campañas electorales estaban iniciando, porque las elecciones estaban a punto de suceder y el triunfo del PRI estaba en entredicho. En cambio, el Consejo Universitario (a propuesta de la Rectora) decidió declarar una antipopular “veda electoral” prohibiendo la realización de marchas para exigir el pago de la deuda.
De manera individual y colectiva muchos universitarios expresamos abiertamente nuestro desacuerdo a esta medida y promovimos un cambio en la decisión, pero nada se consiguió. La orden era no marchar y no marchamos, mientras la deuda seguía creciendo día a día. La orden tuvo un fuerza desmovilizadora descomunal y acabó con la fortaleza del movimiento, con su ímpetu y su entusiasmo y su espíritu esperanzador.
Cuando el Consejo Universitario aceptó una nueva movilización, frente a una creciente presión de grupos de académicos (incluido nuestro Colectivo en Defensa de la UV) ya no había ánimo, ni interés, ni disposición. Los universitarios estábamos decepcionados de nuestras autoridades, de quienes sospechábamos habían decidido facilitarle las cosas al gobierno del estado, a costa de perder la oportunidad de cobrar la deuda.
Por eso hoy, la carta de la Rectora al Presidente ni incita ni alienta. Por su contenido y circunstancia más bien inquieta, pues aparece justo cuando su costo político es prácticamente nulo (Duarte ya fue repudiado por su partido y casi tiene un pie en la cárcel) y los riesgos financieros son escasos (a este gobierno le quedan unas semanas para concluir).
Nunca se acabó de entender, que frente a un gobierno que no respeta la ley ni la vida institucional, la única vía para exigirle el pago de la deuda era tomar la calle. Un meticuloso pero innecesario e inútil cálculo político de la Rectoría, acabó con la oportunidad de obligar a Duarte a resarcir  el daño financiero a la UV.
Hoy, a la autoridad universitaria ya se le agotaron los recursos para hacer que Duarte pague la deuda. Incluso el recurso de las marchas, pues la comunidad universitaria difícilmente volverá a movilizarse en contra de este gobierno, no por falta de interés, sino por lo inútiles que resultaron las pasadas protestas, dada la posición asumida por las autoridades universitarias.
Falta ver cuál será la reacción de los trabajadores universitarios si se cumple la amenaza de que los aguinaldos no se paguen. Porque ante este dramático pero probable escenario, a nosotros sí nos queda un último recurso: tomar la Rectoría.
Pero tendremos que ir más lejos, porque la deuda a la UV no es un problema aislado, sino  una prueba más de la profunda y angustiosa crisis de las finanzas públicas, provocada por la corrupción e ineficiencia de un siniestro gobierno estatal que le debe miles de millones de pesos a todos los veracruzanos.
Por ello es momento de pensar y proponer y convocar, con amplitud de miras y de modo generoso, a todos los sectores agraviados financieramente por el gobierno estatal, para integrar un gran frente social, que construya una solución para atender la emergencia económica, para crear un “Fondo de Rescate Financiero” que permita reparar el desastre económico, saldar las deudas y poner de pie nuevamente a Veracruz. Una convocatoria que nos reconcilie a los veracruzanos con nuestras instituciones y con nosotros mismos y nos permita recuperar la confianza perdida, Y nos dé ánimo y aliento para realizar la enorme tarea de reconstruir Veracruz.

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